Andrea Morales
La escena política en la Gustavo A. Madero se convertió en una postal de tensión y desgaste institucional.
Lo ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México, con empujones, consignas y cercos humanos, no fue una manifestación ciudadana ni un choque entre partidos distintos: fue Morena enfrentándose consigo misma por una curul que algunos pretendían convertir en patrimonio familiar del clan Lobo.
La disputa comenzó en septiembre de 2024, cuando Gerardo González García rindió protesta como diputado local, pero a las 24 horas solicitó licencia para dejar la curul en manos de su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, hijo del poderoso operador político de la alcaldía, Víctor Hugo Lobo Román.
Se trató de un pase de facturas más que de funciones legislativas: un intento claro de instalar un relevo familiar que prolongara la influencia de los Lobo en el corazón político de la capital.
Pero González García decidió retomar su curul, presentándose en el Congreso con un oficio de reincorporación.
Su regreso fue inesperado para “Lobito”, como llaman sus cercanos al suplente, y detonó un choque frontal entre simpatizantes de ambos bandos.
Afuera del inmueble, grupos con pancartas y consignas se lanzaron mutuamente injurias y forcejeos. A pesar de los candados y los intentos por impedir el acceso, incluso con la puerta principal del Congreso cerrada desde dentro, González García logró entrar y ejercer sus funciones de legislador.
La bronca no es menor: no fue un mal cálculo de agenda local, sino una culminación de prácticas políticas que muchos sectores de Morena han criticado como antidemocráticas y clientelares.
El cierre del recinto para frenar la restitución del diputado propietario, según versiones periodísticas, incluyó la solicitud de intervención de la fuerza pública, lo que elevó el tono del conflicto más allá de lo legislativo.
de poder territorial que algunos actores políticos consideran obsoleto y dañino para la credibilidad de Morena.
El intento de mantener una curul “en familia” encaja en esa estampa de prácticas que muchos adversarios internos, desde la dirigencia hasta legisladoras y legisladores críticos, han señalado como parte de la vieja política que Morena decía combatir.
El episodio también exhibe el debilitamiento del grupo encabezado por Lobo Román, histórico operador en Gustavo A. Madero, ante la presión de voces que reclaman mayor institucionalidad y menos prácticas de control territorial.
Y no es sorpresa que figuras como Clara Brugada Molina o liderazgos nacionales hayan visto con recelo este intento, pues envía una señal de que los espacios de representación no son propiedad de familias o cacicazgos políticos, sino de la ley y de los ciudadanos que votan.
Al final, la restitución de Gerardo González García y el fracaso de la prolongación de la suplencia de “Lobito” envían un mensaje duro: las curules no son herencias, ni fichas de cambio en juegos de poder interno, y quienes pretendan instalar estructuras de control desde dentro enfrentarán cada vez más resistencia tanto en la opinión pública como dentro de su propio partido.
Si la política capitalina quiere dejar atrás los usos y costumbres de la vieja guardia, este episodio debería ser un punto de inflexión. No solo fue un choque de silbatos y consignas afuera del Congreso: fue un llamado de alerta sobre cómo se disputa el poder en los márgenes de la legalidad y de la legitimidad. Y la ciudadanía, más allá de los intereses de los Lobo, lo está observando.
