La empresa OCESA volvió a colocarse en el centro de la polémica durante el último mes, luego de que miles de asistentes a espectáculos masivos denunciaran cambios de última hora, falta de información clara y procesos de reembolso que, en muchos casos, se vuelven un viacrucis para el consumidor, en un mercado donde la promotora concentra una parte sustancial de los grandes conciertos y festivales en México.
El caso más visible ocurrió en diciembre de 2025 con los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, donde la reconfiguración del escenario conocido como “La Casita” modificó las condiciones de visibilidad y ubicación de cientos de compradores, quienes aseguraron que lo que vieron en el montaje final no correspondía a lo que habían pagado meses antes, detonando una ola de quejas en redes sociales y ante autoridades.
Tras la presión pública, OCESA anunció la posibilidad de cancelar y solicitar reembolso hasta el 9 de diciembre, incluyendo cargos por servicio en las zonas afectadas, pero para muchos usuarios esto no resolvió el fondo del problema: la sensación de que la empresa puede cambiar unilateralmente la experiencia del evento cuando ya tiene el dinero en la bolsa, dejando al consumidor con pocas opciones reales.
El impacto económico de estos conciertos fue enorme, con una derrama estimada de más de 3 mil millones de pesos y una asistencia superior al medio millón de personas, lo que expone una paradoja: mientras la industria del espectáculo en México vive un boom histórico, la protección efectiva del público parece ir varios pasos atrás, especialmente frente a un gigante con poder de mercado como OCESA y su ecosistema de venta de boletos.
A inicios de enero de 2026, la inconformidad volvió a escalar por la exigencia de que la empresa transparente precios y mapas de los recintos antes de abrir preventas de alta demanda, como las relacionadas con BTS, para evitar que los fans compren prácticamente a ciegas y luego descubran que su localidad no corresponde a lo que esperaban.
Este descontento no surge de la nada: desde 2021 se han acumulado miles de quejas ante Profeco por cancelaciones, reembolsos incompletos, problemas de acceso a eventos y cobros indebidos, lo que derivó incluso en una acción colectiva contra Ticketmaster y OCESA que tardó años en resolverse y apenas logró resarcir a una fracción de los afectados.
Aunque la autoridad ha logrado avances, como la eliminación de comisiones abusivas en los sistemas cashless dentro de festivales, la realidad para muchos consumidores es que sus casos siguen sin solución después de meses o incluso años, lo que alimenta la percepción de impunidad corporativa frente a un público cautivo.
En un país donde OCESA es prácticamente hegemónica en los grandes espectáculos, la pregunta ya no es si hay quejas, sino cuántas más se necesitan para que cambie de fondo una forma de operar que privilegia la rentabilidad sobre la experiencia y los derechos del espectador, dejando claro que, en la fiesta del entretenimiento, el que paga sigue siendo el último en ser escuchado.
