Mónica Rojas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó a la audiencia del caso AXE Ceremonia con una línea clara: no sólo hay posibles responsabilidades directas por la colocación de la estructura que cayó sobre los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, también existen omisiones de empresas y actores que participaron en la organización integral del festival.
Entre ellos, OCESA, la compañía de espectáculos más grande del país, que no puede quedar al margen de un caso de esta dimensión.
La tragedia ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario. Ese día, una estructura decorativa sostenida por una grúa colapsó y provocó la muerte de ambos fotoperiodistas durante el primer día del festival.
Desde entonces, la investigación apuntó no sólo a quienes instalaron y operaron la maquinaria, sino también a quienes contrataron servicios, coordinaron el evento y debían garantizar que las condiciones autorizadas de protección civil se cumplieran.
La propia fiscal capitalina, Berta Alcalde Luján, ha sostenido que la indagatoria contempla responsabilidades directas y otras derivadas de omisiones en la cadena de organización, supervisión y cumplimiento del plan de protección civil.
En ese punto, el papel de OCESA no es menor. La empresa estuvo vinculada al festival como una de las firmas investigadas y, de acuerdo con reportes publicados en enero de 2026, la Fiscalía ya notificó imputaciones contra Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V., así como contra la empresa de seguridad privada Lobo, por su presunta participación en el caso.
Aquí está el fondo del asunto: OCESA no era un actor periférico. Es una de las empresas dominantes del negocio del entretenimiento en México, con capacidad operativa, financiera y técnica para montar eventos de gran escala. También estuvo ligada a la venta de boletos del festival mediante el circuito comercial del evento y formó parte del andamiaje de producción y operación que hizo posible AXE Ceremonia.
En un espectáculo de ese tamaño, la seguridad, el control de riesgos y la observancia del programa autorizado de protección civil no pueden tratarse como un asunto secundario ni descargarse por completo en terceros.
Por eso resulta insuficiente sostener que OCESA sólo estaba “bajo investigación” o que faltaban elementos para proceder. Si una empresa organiza, comercializa, coordina proveedores y participa en la operación de un festival masivo, también debe responder por las fallas del sistema que permitió una muerte evitable.
La dimensión de la compañía no puede convertirse en blindaje judicial. Al contrario: entre mayor es la empresa, mayor debe ser su obligación de prevenir riesgos y cumplir la regulación.
El expediente no sólo pone bajo la lupa a quien colocó una grúa o a quien movió una estructura. También exhibe un problema más amplio en la industria del entretenimiento: la fragmentación de responsabilidades para que, al final, nadie asuma el costo total de una negligencia.
En este caso, los indicios públicos apuntan a una cadena de omisiones en la que organizadores, supervisores, responsables de protección civil y empresas de seguridad deben ser revisados con el mismo rigor.
Si la Fiscalía ya tiene una batería de imputaciones preparada, OCESA debe estar incluida de manera plena y sin concesiones. No por consigna, sino por su papel en la organización de AXE Ceremonia, por la comercialización del evento, por la contratación de servicios y por la obligación legal de garantizar condiciones seguras.
El caso no sólo busca justicia para Berenice y Miguel Ángel. También pondrá a prueba si en la Ciudad de México las grandes empresas del espectáculo responden ante la ley con la misma severidad que cualquier otro implicado.
