El llamado Operativo Diamante, una de las estrategias con las que Sandra Cuevas buscó proyectar una imagen de orden y mano dura durante su administración en Cuauhtémoc, terminó convirtiéndose en una sanción administrativa en su contra.
Según Excélsior, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) determinó inhabilitar durante un año a la exalcaldesa para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, al concluir que incurrió en abuso de funciones e irregularidades durante la ejecución de ese operativo en 2023.
La resolución deriva del juicio de responsabilidad administrativa TE/I-22616/2023, analizado por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración.
Retiraban mobiliario sin seguir el procedimiento
Entre el 19 de junio y el 9 de agosto de 2023, la entonces alcaldesa encabezó recorridos por diferentes colonias de Cuauhtémoc para retirar de banquetas y espacios públicos mesas, sillas, bancas, jardineras, pérgolas y otros objetos pertenecientes principalmente a establecimientos comerciales.
Cuevas presentó aquellas acciones como una estrategia para recuperar el espacio público y garantizar el libre tránsito de los habitantes de la demarcación.
El problema, determinó ahora el Tribunal, fue la forma en que se realizaron.
De acuerdo con la resolución citada por Excélsior, la alcaldía ya contaba en su Manual Administrativo con un procedimiento denominado “Retiro de Obstáculos en Vía Pública”, pero éste no fue aplicado durante las intervenciones del Operativo Diamante.
En consecuencia, los afectados no tuvieron garantizados plenamente derechos básicos como la audiencia y la defensa antes de que su mobiliario fuera retirado.
Las irregularidades habían sido advertidas desde el propio 2023.
En agosto de aquel año, la Contraloría capitalina realizó diligencias en distintas áreas de la alcaldía y detectó que en la Dirección General de Gobierno no existía registro de procedimientos que sustentaran el retiro de los enseres realizado durante esos operativos.
Incluso el Congreso de la Ciudad de México aprobó entonces un exhorto para suspender el Operativo Diamante ante señalamientos de posibles violaciones al debido proceso y denuncias presentadas por comerciantes.
De símbolo de “mano dura” a motivo de sanción
Sandra Cuevas no fue una figura secundaria durante aquellas acciones.
La propia exalcaldesa encabezó varios de los recorridos y difundió videos en redes sociales en los que aparecía supervisando directamente el retiro de objetos de establecimientos y vendedores.
El operativo se convirtió así en parte de su narrativa política: orden, recuperación de calles y confrontación directa con quienes, desde su perspectiva, ocupaban irregularmente el espacio público.
Tres años después, la justicia administrativa concluyó que esa estrategia cruzó los límites establecidos para el ejercicio de la función pública.
La sanción también le impide durante ese periodo participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas vinculados con el gobierno.
La resolución todavía puede ser impugnada
La inhabilitación no significa, por ahora, que el caso esté definitivamente cerrado.
Otros reportes sobre la resolución señalan que Cuevas fue notificada el 17 de agosto de 2026 y que todavía cuenta con mecanismos legales para impugnar la determinación del Tribunal.
Por ello, la sanción administrativa debe distinguirse de una condena penal: el procedimiento analizado está relacionado con responsabilidades administrativas y abuso de funciones, no con la comisión de un delito penal.
Pero políticamente el golpe es significativo.
El Operativo Diamante fue utilizado por Sandra Cuevas para mostrar cómo entendía el ejercicio de autoridad en una de las alcaldías más importantes de la capital.
Hoy, aquella misma estrategia que difundió ampliamente en sus redes sociales es la que la coloca, al menos mientras se resuelve cualquier eventual impugnación, fuera del servicio público durante un año.
