El reanálisis de documentos y registros telefónicos abrió cuatro nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre los principales hallazgos están 17 nuevos objetivos bajo investigación, indicios recuperados en el SEMEFO de Iguala y nuevas pistas obtenidas del rastreo de teléfonos de los estudiantes.
El análisis de las comunicaciones de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 permitió reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Una de las pistas surgió al establecerse que el dueño de una funeraria utilizó el teléfono de uno de los estudiantes. Las búsquedas realizadas posteriormente en el SEMEFO de Iguala permitieron recuperar 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos y restos biológicos que permanecen bajo análisis pericial, con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
El seguimiento de otros teléfonos también aportó información relevante: uno fue utilizado por un policía municipal de Iguala, mientras que otro refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal.
El reanálisis de los expedientes permitió además identificar a una persona que habría participado en los hechos cuando tenía 14 años y que no había sido identificada hasta ahora. Su declaración aportó información que refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
Otra de las nuevas líneas se concentra en el ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. La investigación permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos relacionadas con ese material y ha derivado en detenciones.
A estas investigaciones se sumará una ruta de colaboración internacional: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propondrá especialistas para acompañar los trabajos.
Las autoridades mantendrán y ampliarán la búsqueda de los estudiantes y profundizarán las investigaciones sobre las videograbaciones, las funerarias y el SEMEFO, así como la participación de servidores públicos.
