A unos días de que se presente un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, el nombre de Emilio Álvarez Icaza aparece relacionado en una publicación periodística con una convocatoria dirigida a colectivos de búsqueda para movilizarse y bloquear instituciones, aunque el llamado habría tenido poco eco.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el informe será presentado públicamente esta semana, antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.
En medios de comunicación trascendió que Álvarez Icaza estaría detrás de una operación para impulsar movilizaciones de colectivos de búsqueda, bloquear instalaciones y generar una confrontación con el Gobierno federal. De acuerdo con dicha versión, el llamado no habría tenido la respuesta esperada.
También en días pasados, 26 colectivos de familiares de personas desaparecidas hicieron público un pronunciamiento para rechazar lo que consideran intentos de utilizar políticamente su lucha de cara al proceso electoral 2026-2027. Las organizaciones denunciaron que partidos y actores políticos buscan aprovechar el dolor de las familias e incluso señalaron ofrecimientos de candidaturas plurinominales a familiares de personas desaparecidas.
El pronunciamiento fue suscrito por Caminantes de la Verdad, Voces de la Sierra y los Valles, Colectivo María Rosa Cerón, Raíces en Búsqueda, Luz y Memoria Veracruz, Guardianes de la Verdad, Rastros del Golfo, Red Eslabones por los DH, Dignidad en Nuestra Tierra, Comité de Búsqueda y Memoria, Centinelas del Reencuentro, Eslabones Nuevo León, Colectivo Nepomuceno Moreno, Colectivo Fuerza Apodaca, Colectivo Verdad Potosina, Horizonte en Búsqueda SLP, Fuerza y Memoria en la Huasteca, Colectivo Amada Puentes, Buscadores del Desierto, Brújula de Esperanza en Sonora, Faro del Norte en Búsqueda, Justicia para Eder, Colectivo Hipólito Hernández, Soplo de Vida Estado de México, Justicia y Memoria Michoacán y Colectivo Tetelcingo.
Los colectivos también marcaron distancia de los actos violentos realizados en nombre de las víctimas y subrayaron que esas acciones no representan al conjunto de las familias buscadoras. Sostuvieron que haber sido víctimas de violencia no justifica ejercerla contra otras personas y demandaron que su causa se mantenga al margen de intereses electorales y partidistas.
Además, en entrevista con la plataforma Dime Noticias, Valentina Peralta Puga, coordinadora nacional de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, señaló que diversos colectivos de familias buscadoras han detectado intentos de algunos partidos políticos y funcionarios por utilizar su dolor y su lucha con fines políticos de cara a las elecciones intermedias de 2027.
“Durante muchos años de lucha, sobre todo en estos últimos dos años, hemos tenido una atención permanente de la Secretaría de Gobernación. Si bien no nos ha recibido la Presidenta, sabemos que no es algo indispensable porque ella no es quien va a ir a buscar a nuestros hijos, pero sus equipos operativos, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General, que aunque es autónoma está ligada directamente con toda la política pública, son quienes tienen que hacer las investigaciones, las búsquedas, la atención a víctimas y ahí estamos construyendo”, afirmó.
Los señalamientos coinciden con un momento en el que el caso Ayotzinapa vuelve a ocupar el centro de la agenda pública y las familias buscadoras buscan mantener sus demandas de verdad, justicia y localización de personas desaparecidas al margen de intereses partidistas.
A las puertas de un nuevo proceso electoral, son los propios colectivos los que han marcado distancia de esos intentos: su lucha, advierten, es por encontrar a sus familiares y obtener justicia, no por candidaturas, partidos o disputas políticas.
