El decomiso de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato, puso bajo la lupa una terminal que comenzó a construirse después de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, recibió autorizaciones oficiales y fue inaugurada en 2017 por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Las instalaciones donde ocurrió el aseguramiento operaban desde hacía varios años como un centro de almacenamiento y distribución de combustibles.
“Este combustible fue confiscado en un centro de almacenamiento que se comenzó a construir después de la reforma energética de Enrique Peña Nieto”, explicó el docente Julián Alvarado.
El entonces alcalde panista de San José de Iturbide, Filiberto López, agregó Alvarado, autorizó la instalación de la empresa y, posteriormente, en 2016, se permitió la operación de una terminal con capacidad para almacenar 240 mil barriles.
Un año después comenzó formalmente sus operaciones.
“En 2017 esta terminal inició formalmente operaciones y la inauguró ni más ni menos que Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía”, señaló.
Para ese momento, agregó, las instalaciones ya recibían combustible transportado por ferrocarril desde Texas y formaban parte de la cadena de suministro de ExxonMobil.
“En su página oficial aparece reconocida la terminal de San José de Iturbide como parte de su red de distribución y en las fotografías del decomiso podemos observar los logos de la empresa”, afirmó.
Alvarado señaló además que el propio gobierno de Peña Nieto presentó en 2017 las instalaciones como una planta puesta en marcha por ExxonMobil y operada por Gas Natural del Noroeste.
La terminal continuó funcionando como centro de distribución hasta que una irregularidad detectada en una pipa abrió la investigación que terminaría llevando a las autoridades hasta los millones de litros almacenados.
“Hasta el 3 de julio de este año, que según Omar García Harfuch, autoridades detectaron a una persona descargando combustible de una pipa a una gasolinera y al inspeccionarla no pudo acreditar su procedencia legal”, relató.
“Comenzaron a investigar y así fue básicamente como llegaron a este enorme decomiso”, agregó.
Para Alvarado, el caso obliga a observar no sólo el volumen de combustible asegurado, sino cómo una terminal que durante años funcionó dentro de una cadena aparentemente legal terminó en el centro de una investigación de esta magnitud.
“Hay que estar al pendiente de lo que resulta en las investigaciones, pero ya de primera mano el caso está bastante turbio”, sostuvo.
Alvarado vinculó el caso con la apertura del sector energético ocurrida durante el gobierno de Peña Nieto.
“Este es un ejemplo más, sí, otro ejemplo más, de cómo la reforma energética de Enrique Peña Nieto terminó abriéndole las puertas al huachicol”, concluyó.
