La política económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió con varias de las recetas aplicadas durante décadas en México y apostó por una mayor recuperación de los ingresos como vía para reducir las profundas desigualdades.
México aumentó el salario mínimo, amplió los apoyos sociales y, lejos del escenario de crisis que algunos anticipaban, registra una reducción histórica de la pobreza y niveles récord de inversión extranjera.
Dichos resultados ponen en entredicho una de las premisas más repetidas por los defensores de políticas económicas ortodoxas: que elevar los ingresos de los trabajadores y ampliar la intervención redistributiva del Estado necesariamente debilita la economía.
“Bajar impuestos y tener un presidente empresario no siempre garantiza el crecimiento económico. Así como subir salarios o cobrarle más a las grandes empresas no destruye automáticamente la economía”, advierte el economista y politólogo colombiano Luis Ernesto Gómez, al comparar los resultados de distintos gobiernos de América Latina.
México es uno de los casos que analiza. Desde finales de 2018 comenzó una política sostenida de recuperación salarial. Para 2025, el poder adquisitivo del salario mínimo había aumentado 129.4% respecto al cierre de 2018 y, con el incremento de 2026, la recuperación acumulada llegó a 154.2%, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El aumento salarial no estuvo acompañado por un desplome de la inversión. Al contrario: México recibió 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en 2025, la cifra más alta registrada para un año y 10.8% superior a la reportada originalmente en 2024.
El cambio también aparece en los indicadores sociales. Según el INEGI, la población en pobreza multidimensional pasó de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024, una reducción de 12.3 puntos porcentuales en seis años.
La entrega de apoyos sociales contribuyó a ese resultado: en 2024 había 38.5 millones de personas en pobreza; sin transferencias de programas sociales habrían sido 42.7 millones, es decir, 4.2 millones más. En pobreza extrema, la diferencia habría sido de dos millones de personas.
Los datos muestran así una economía que ha logrado combinar recuperación salarial y una caída significativa de la pobreza y la desigualdad con niveles históricos de inversión extranjera.
El contraste que plantea Gómez está en Ecuador. El presidente Daniel Noboa llegó al poder con la promesa de administrar el Estado bajo una lógica empresarial y apostó por recortes de gasto, beneficios tributarios y mayor flexibilidad laboral.
“Recortó el gasto y propuso reducir los costos salariales a las empresas, con beneficios tributarios y creando contratos laborales flexibles por hora. Pero su primer año terminó con una caída del 2% de la economía y del 3.8% en la inversión. En 2025 hubo un rebote del 3.7%, suficiente para recuperar lo perdido, pero no para hablar de un gran despegue”, señala Gómez.
El economista agrega que también aumentó el empleo precario y sostiene que, desde la llegada de Noboa, 440 mil ecuatorianos viven con ingresos inferiores al salario básico.
Para Gómez, casos como México y Ecuador cuestionan la simplificación de que los gobiernos de derecha administran mejor la economía y los de izquierda generan pobreza. Los resultados, sostiene, dependen de políticas y contextos mucho más complejos que una etiqueta ideológica.
“Necesitamos más economistas heterodoxos, dispuestos a entender estos fenómenos y a no repetir viejos dogmas. Que estén comprometidos con políticas públicas que hagan, sí, más productivas a las economías, pero también sean capaces de reducir las profundas desigualdades que crea el capitalismo”.
