La vinculación a proceso del exgobernador de Baja California y accionista de Ingemar exhibe la estructura empresarial, aduanal y financiera que presuntamente permitió introducir millones de litros de combustible ilegal a México.
El huachicol fiscal no opera únicamente con pipas clandestinas o cargamentos ocultos. Para introducir combustible al país, evadir impuestos y colocarlo en el mercado se requiere una estructura más compleja: empresas legalmente constituidas, permisos de importación, agentes aduanales, operadores ferroviarios, documentos oficiales y mecanismos financieros capaces de dar apariencia de legalidad a las operaciones.
El caso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y accionista de la empresa Ingemar, colocó nuevamente bajo la lupa esa dimensión de cuello blanco del contrabando de hidrocarburos.
Ruffo y otras siete personas fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una red investigada por delincuencia organizada y contrabando de combustibles mediante ferrocarril. La determinación judicial se produjo después de una audiencia de más de 30 horas, en la que se consideró que la Fiscalía presentó datos suficientes para continuar con el proceso penal. Ruffo permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. La responsabilidad individual de cada acusado deberá establecerse durante las siguientes etapas del procedimiento y conforme al principio de presunción de inocencia.
El cargamento que abrió la investigación
Uno de los principales antecedentes del caso fue el aseguramiento realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, donde autoridades federales localizaron 129 carrotanques con aproximadamente 15.5 millones de litros de gasolina, diésel y destilados de petróleo.
El operativo fue presentado como el aseguramiento de combustible más grande realizado durante la actual administración y dio paso a investigaciones sobre las empresas importadoras, transportistas, destinatarias y comercializadoras involucradas.
De acuerdo con las indagatorias expuestas durante el proceso, Ingemar habría desempeñado un papel relevante como consignataria en la introducción de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que el esquema habría utilizado al menos 11 compañías y trasladado más de 18 millones de litros de gasolina y diésel mediante 163 carrotanques.
Las investigaciones también identificaron operaciones en las que los cargamentos eran reportados con volúmenes considerablemente menores a los transportados. Según información atribuida a la FGR, algunos carrotanques eran declarados con 10 mil litros, aunque su carga real podía alcanzar los 110 mil litros.
Así funciona el huachicol fiscal
A diferencia del robo mediante tomas clandestinas en instalaciones de Pemex, el huachicol fiscal se basa en la simulación de importaciones legales.
El combustible puede ser registrado ante las aduanas como aceite, lubricante, aditivo, desecho u otra sustancia con una carga fiscal diferente. Otra modalidad consiste en declarar volúmenes menores a los realmente transportados, con el propósito de reducir u omitir el pago de impuestos.
La propia FGR ha señalado que estas redes necesitan la participación coordinada de empresas importadoras, agentes aduanales, operadores logísticos, compañías destinatarias y estructuras financieras encargadas de dispersar los recursos y dificultar la trazabilidad del producto.
La documentación aduanera resulta fundamental. Los permisos, pedimentos, facturas, certificados y cartas porte pueden utilizarse para construir una apariencia de legalidad, aunque la mercancía o el volumen declarado no coincidan con la carga real.
Por ello, el huachicol fiscal no puede funcionar únicamente mediante delincuentes dedicados al traslado material del combustible. También requiere especialistas, empresarios, intermediarios y, presuntamente, funcionarios capaces de permitir que los cargamentos crucen aduanas y se incorporen al mercado nacional.
Ingemar conservó permisos mediante amparos
Ingemar contaba con permisos para importar gasolina, diésel, turbosina y otros petrolíferos. De acuerdo con información pública de la Secretaría de Energía citada por La Jornada, la compañía mantuvo cuatro autorizaciones después de obtener resoluciones judiciales favorables en juicios de amparo.
La existencia de permisos formales, sin embargo, no determina por sí sola la legalidad de cada cargamento. El centro de la acusación se encuentra en la posible utilización de información falsa o incompleta respecto del tipo de producto y los volúmenes introducidos al país.
Antes de su detención, Ruffo rechazó que Ingemar estuviera relacionada con el combustible asegurado en Coahuila y sostuvo que la compañía se limitaba a realizar actividades de importación. La Fiscalía deberá demostrar durante el proceso qué participación tuvo cada empresario y operador dentro de la presunta estructura.
Del poder político al penal del Altiplano
Ernesto Ruffo gobernó Baja California de 1989 a 1995 y se convirtió en una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional al encabezar el primer gobierno estatal de oposición reconocido durante el periodo de predominio del PRI.
Décadas después, su nombre aparece relacionado con una de las investigaciones más relevantes sobre contrabando ferroviario de combustible.
El caso muestra que las redes de huachicol fiscal pueden desenvolverse detrás de empresas, permisos y trayectorias públicas que proyectan una imagen de respetabilidad. La tarea de los tribunales será determinar si esa estructura empresarial fue empleada deliberadamente para encubrir operaciones ilícitas y establecer la responsabilidad concreta de cada uno de los implicados.
El combate al contrabando de hidrocarburos no termina con el aseguramiento de trenes, buques o pipas. Para desarticular estas redes es necesario seguir el dinero, revisar las operaciones aduanales, identificar a las empresas beneficiadas y proceder contra quienes hayan participado, sin importar su posición económica, empresarial o política.
