El empresario Miguel Ángel Velasco Escalante pidió a la Fiscalía General de la República, al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar posibles operaciones de huachicol fiscal, lavado de dinero y defraudación tributaria relacionadas con empresarios, exservidores públicos, compañías del sector energético y actores políticos de Nuevo León.
De acuerdo con sus declaraciones, las operaciones señaladas estarían vinculadas con la importación, almacenamiento, transformación, facturación y comercialización de hidrocarburos. Velasco Escalante solicitó revisar el origen y destino de los recursos, los permisos, los pedimentos aduanales, las transferencias bancarias y los controles volumétricos.
Entre las personas mencionadas por el empresario se encuentran Ezequiel González Duelos, Eduardo González Duelos, Diego Canavati, Eugenio García Lozano, Héctor Maldonado Corpus, Alejandro Martínez Araiza, Fausto Antonio Molina López, Héctor Matey Espadas y Dimitri Hadjopulos.
También señaló a Alejandro y Alberto Verduzco Berlanga, Daniel Perches Gándara, Eduardo Rodríguez Cavazos, Adian Audiffred Villarreal, Luis Fernando Sáenz Orta, Juan Carlos Pulido Quintanilla, Ramiro Gándara Martínez, Fernando Bilbao Arrieta y al diputado federal José Adalberto Vega, entre otras personas.
Velasco Escalante mencionó además a las empresas Energy Refinados, Reciclador Eoleo y Servicios Premezclados Forte, cuya operación, afirmó, debería ser revisada para determinar si participaron en movimientos financieros, almacenamiento, facturación o comercialización de productos derivados del petróleo.
Los señalamientos se presentan después de un operativo federal realizado en Cadereyta, donde las autoridades aseguraron más de un millón de litros de líquidos con características de hidrocarburos. En el inmueble fueron localizados autotanques, camiones, silos, motobombas y equipo destinado al manejo de combustibles.
En ese operativo participaron elementos de la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad. El predio quedó bajo resguardo ministerial, aunque las autoridades no informaron en ese momento sobre personas detenidas ni establecieron públicamente una relación entre el aseguramiento y los nombres señalados por Velasco Escalante.
El huachicol fiscal comprende prácticas como declarar combustibles bajo clasificaciones incorrectas, alterar volúmenes, utilizar facturación irregular o introducir hidrocarburos mediante esquemas destinados a reducir el pago de impuestos.
Corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos para iniciar investigaciones, revisar las operaciones de las personas y empresas mencionadas y establecer responsabilidades. Los señalamientos no constituyen por sí mismos una prueba de culpabilidad y las personas citadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.
