Alejandro Moreno enfrenta una nueva solicitud para retirarle el fuero por presuntos actos de corrupción mientras personajes de su entorno han sido detenidos. En paralelo, el PRI recibió para 2026 más de 982 millones de pesos de financiamiento público sólo para actividades ordinarias.
El poder de Alejandro “Alito” Moreno al frente del PRI no sólo se juega en la dirigencia de un partido debilitado electoralmente. También implica el control político de una estructura que este año dispone de 982 millones 462 mil 839 pesos de financiamiento público para actividades ordinarias, de acuerdo con documentos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).
La cifra incluso supera los 800 millones de pesos mencionados por el excandidato presidencial priista Francisco Labastida, quien ha atribuido la permanencia de Moreno al frente del partido al interés de mantener el control sobre los recursos que recibe el tricolor. Se trata de una acusación política de Labastida, no de una resolución judicial contra Moreno.
Pero el dinero del partido es sólo una parte del cerco que rodea al actual dirigente nacional del PRI.
Cinco denuncias y un desafuero pendiente
La Cámara de Diputados confirmó desde agosto de 2025 la recepción de una nueva solicitud de declaración de procedencia contra Alejandro Moreno presentada por la Fiscalía de Campeche.
El expediente está integrado por cinco denuncias diferentes promovidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esa entidad.
De acuerdo con información recopilada por Contralínea, las investigaciones señalan al exgobernador de Campeche por su presunta responsabilidad en peculado y uso indebido de atribuciones durante su administración estatal y apuntan a un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos.
Moreno ha negado las acusaciones y sostiene que las investigaciones forman parte de una persecución política en su contra. El procedimiento de desafuero no equivale a una declaración de culpabilidad y permanece pendiente de resolución.
No es, además, el primer intento por retirarle la inmunidad procesal.
Una solicitud anterior fue presentada en 2022 cuando Moreno era diputado federal. El expediente terminó archivado en 2025 debido al cambio de condición legislativa del priista y al retiro de las solicitudes correspondientes, pero la propia Sección Instructora aclaró que aquello no significó una exoneración sobre las acusaciones.
Detenciones alcanzan a su círculo cercano
El expediente adquirió una nueva dimensión en agosto.
Según la investigación publicada por Contralínea, el pasado 10 de agosto fue detenido en la Ciudad de México Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como hombre de confianza de Moreno y contador de su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, por su presunta participación en un desvío de recursos públicos.
Un día después fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, quien se desempeñó como vocero y director de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno.
La acusación contra Medina estaría relacionada con un presunto desvío de 36 millones de pesos mediante empresas que habrían facturado operaciones simuladas. Ambos casos deberán ser resueltos por las autoridades judiciales correspondientes y no implican, por sí mismos, responsabilidad penal de Alejandro Moreno.
Empresas, movimientos financieros y el hermano de Alito
La investigación periodística también recupera expedientes atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República relacionados con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista.
Según Contralínea, desde 2017 su nombre aparece asociado a investigaciones patrimoniales y movimientos financieros considerados atípicos.
Entre las compañías mencionadas aparecen EMC Metering Systems, Flow Control Instrumentation, First International Flow Control y Power Petroleum de México.
Las indagatorias citadas por el medio apuntarían a posibles mecanismos de dispersión y triangulación de recursos entre empresas y cuentas relacionadas con el entorno familiar. Es importante precisar que estas operaciones forman parte de líneas de investigación y no constituyen, hasta ahora, una sentencia que acredite lavado de dinero contra Alejandro Moreno o su hermano.
El PRI, una estructura millonaria
Mientras avanzan los expedientes judiciales, Moreno mantiene el control del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Su permanencia fue posible después de que la propia dirigencia impulsara modificaciones estatutarias que abrieron la puerta a su reelección y le permiten mantenerse al frente del partido hasta 2032, una decisión que provocó críticas y rupturas con históricos militantes priistas.
Y aunque el partido atraviesa uno de sus momentos electorales más débiles, su estructura continúa moviendo cientos de millones de pesos públicos.
Para 2026, el INE estableció 982.4 millones de pesos únicamente para las actividades ordinarias del PRI. La cifra no significa que Alejandro Moreno pueda disponer personalmente del dinero: los recursos pertenecen al partido, están sujetos a reglas de fiscalización y deben destinarse a los fines establecidos por la legislación electoral.
Ese matiz no elimina la disputa política.
El punto central es otro: mientras antiguos priistas cuestionan que Moreno haya concentrado el control del partido y de su estructura financiera, alrededor del dirigente siguen acumulándose solicitudes de desafuero, investigaciones patrimoniales y procesos judiciales contra antiguos colaboradores.
