Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a María “N”, responsable de Protección Civil del Festival Axe Ceremonia 2025, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, relacionado con las muertes de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
Pero dejó sin investigación a la empresa de espectáculos Ocesa y a su filial de seguridad Lobo
Tanto Ocesa como Lobo tuvieron participación directa en el percance, e incluso fueron acusados por familiares de las víctimas, pero las autoridades primero de la fiscalía, y luego del poder judicial no han querido investigarlos.
El avance judicial se sumó a las exigencias de familiares y sus representantes legales para que la investigación también esclareciera la posible responsabilidad de Operadora de Centros de Espectáculos (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, empresas a las que señalaron por su presunta intervención en la organización y seguridad del festival.
La audiencia comenzó la tarde del miércoles 14 de octubre y concluyó la mañana del jueves 15. El juez José Luis Palacios resolvió la situación jurídica de María “N”, quien tenía a su cargo la supervisión de los planes de seguridad del evento, celebrado en el Parque Bicentenario.
La imputada fue la única de las 11 personas señaladas en esta etapa que solicitó una resolución durante la audiencia inicial. Las otras diez pidieron ampliar el plazo constitucional de 72 a 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia quedó prevista para el domingo 18 de octubre.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica sostenida por una grúa colapsó sobre Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas mientras realizaban la cobertura del festival. Ambos fallecieron a consecuencia de las lesiones.
La representación de la familia Giles había solicitado que las diligencias abarcaran la actuación de Ocesa y Lobo respecto del ingreso y operación de las grúas, así como del cumplimiento del programa especial de Protección Civil. Esos señalamientos formaron parte de su demanda de esclarecimiento de las responsabilidades empresariales.
La vinculación a proceso de María “N” abrió la continuación del procedimiento penal en su contra, sin constituir una sentencia condenatoria. La exigencia de los familiares incluyó que se investigara a todos los involucrados y se determinaran las responsabilidades por las muertes de los dos fotoperiodistas.
